SAN DIEGO, California.— East Lake Terrace es un pequeño y discreto centro comercial recién construido al oriente de Chula Vista, sobre parcelas compradas al condado para sustentar la repentina explosión de su demografía. Hay nuevas zonas residenciales, casas con un valor que sobrepasa los 700 mil dólares. Comparten un enorme parque con campo de beisbol, canchas de tenis y basquetbol. Tres niños juegan y a su lado una mujer trota con su perro.

“Es el sueño que persigue la clase pudiente de Tijuana”, dice Christian Ramírez, coordinador nacional del Comité de Servicio de los Amigos Americanos, organización promigrante. “Es fácil sentir ese clima de tranquilidad”.

Las ondulantes calles que atraviesan el complejo se pierden hasta la Mesa de Otay, colindante con Tijuana. Aquí es la nueva base de los fugitivos del miedo, a tal grado que la zona se conoce como “La Nueva Tijuana”. Chula Vista es la segunda ciudad del condado, después de San Diego. Siempre se le consideró una zona pobre, hasta la llegada de los ricos tijuanenses. Sus límites bordan casi hasta llegar a Tecate, y sigue creciendo.

Y es que existe un fenómeno muy nuevo que involucra a las clases media alta y alta. Huyen por sus vidas del secuestro y la violencia en México, dice Enrique Morones, fundador de la organización Ángeles de la Frontera.

De acuerdo con informes públicos del Consejo Ciudadano de Seguridad de Tijuana, en 2006 el secuestro repuntó 300% respecto a 2005. El objetivo principal de los criminales fueron empresarios. El fenómeno produjo un éxodo hacia la parte estadounidense de la frontera, sobre todo a la zona de Bonita y Chula Vista.

Así como han escapado de la violencia las familias más desprotegidas, en la mayoría de las ciudades fronterizas empresarios de niveles medio y alto han movilizado sus negocios en el ramo restaurantero de comida tradicional o en el ámbito artesanal a ciudades de Nuevo México y Texas.

La migración por razones de seguridad es un hecho que nadie ha investigado formalmente en uno ni otro país, por lo que se carece de cifras concretas sobre el tema. El gobierno mexicano admitió ayer mismo que no tiene manera de medir el fenómeno migratorio por violencia.

Sin embargo, Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, considera que el dato no es necesario. “Lo que verdaderamente importa es que a raíz del secuestro y la extorsión se configuró un nuevo fenómeno migratorio que es muy simbólico”.

Christian Ramírez, del Comité de Servicio de los Amigos Americanos, señala: “Todos los centros comerciales que ves ahí, los restaurantes, la mayoría son de mexicanos o destinados para los mexicanos. Pero estos nuevos mexicanos, en contraste con los que habitan en el Barrio Logan, que son migrantes de Oaxaca o Guanajuato, no tienen los conflictos y roces que suelen tener los obreros con la Patrulla Fronteriza. Puedes ver perfectamente la confección de dos mundos diferentes: la de los mexicanos que escapan por situación económica, y la de los que vienen buscando no ser secuestrados”.

Las cámaras que registraron lo sucedido pertenecían a una pequeña bodega de alimentos ubicada frente a la empresa de Flores. Su propietario fue igualmente secuestrado tiempo después. Lo que sucedió con Flores es un misterio. La Procuraduría Estatal de Baja California archivó el caso, sin decretarlo muerto. Al dueño de la pequeña bodega, los secuestradores lo liberaron al pagarse un rescate. “Esta persona vive ahora completamente mutilada, en Chula Vista”, dice María Flores, esposa de Pedro.

El contenido de las cámaras jamás fue entregado a los investigadores del caso. Los trabajadores de la bodega, sin embargo, confiaron a la esposa de Flores que fue una decisión sustentada en el miedo. Semanas antes, un familiar del dueño fue secuestrado, y sospecharon siempre que los operadores eran agentes de policía, federales y locales.

“A la autoridad no le interesó jamás el secuestro de mi esposo. Acudí con el gobernador, al Ministerio Público, con los de Antisecuestros, y ellos decían: ‘Algún día va a llegar algún malandro que va a decir qué fue lo que pasó a su esposo, en dónde lo dejó; si lo dejó en una tubería o lo deshizo en ácido’. Estoy convencida que saben lo que pasó, pero no me lo van a decir jamás. Sobrevivir con ello es el infierno”, comenta María, sentada a la mesa de un restaurante de comida rápida en el centro de Chula Vista, donde vive refugiada desde hace cuatro años.

En 2006, el secuestro repuntó 300% respecto a 2005, de acuerdo con informes públicos del Consejo Ciudadano de Seguridad de Tijuana. Los objetivos principales de los criminales fueron empresarios de mediano nivel, como Flores; muchos de ellos murieron asesinados. El fenómeno produjo un éxodo hacia la parte estadounidense de la frontera, sobre todo a la zona de Bonita y Chula Vista, ciudades al sur del condado de San Diego.

La migración por razones de seguridad es un hecho que nadie ha investigado formalmente en alguno de los países, por lo que se carece de cifras concretas. Sin embargo, Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, considera que el dato no es necesario. “Lo que verdaderamente importa es que a raíz del secuestro y la extorsión se configuró un nuevo fenómeno migratorio, que puede no ser masivo, pero que es muy simbólico”, explica.

El caso de Pedro Flores fue un concierto de corrupción e indolencia institucional, dice su esposa. “Nunca se operó para rescatarlo, a pesar de que se les dieron detalles precisos sobre la ubicación de los secuestradores”. Para justificar su inoperancia, las autoridades le dijeron que posiblemente estaba implicado con alguno de los grupos de narcotraficantes locales. Lo cierto es que se pagó mucho menos dinero del que exigieron para liberarlo y por eso María teme que lo hayan asesinado, en complicidad con agentes federales.

Desde enero de 2007, ella se hace cargo de la empresa de su esposo. Tras el rescate le quedaron tres de los seis camiones de transporte, pero conserva a la misma base de trabajadores. Son ellos quienes llevan, en los hechos, las riendas del negocio. María de vez en cuando cruza la frontera hacia Tijuana, sin anunciárselo a nadie. Prefiere coordinar las acciones a través de su radio-teléfono o desde la pequeña sede que abrió en Otay, California, justo para evadir México.

Es la misma rutina que siguen cientos de empresarios, refugiados de la violencia, y que, en igual proporción que María, desconfían de las autoridades mexicanas. Quizás ello explica, dice Clark Alfaro, la pobreza de las estadísticas oficiales. Entre 2006 y mayo de 2010, la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California tiene registro de 263 secuestros, 219 formalmente denunciados los últimos dos años y medio.

El contraste lo ofrece la cifra manejada por el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Mario Escobedo. Según sus datos, desde 2007, poco más de 13 mil negocios cerraron. Si bien la causa no la atribuye del todo a la violencia, afirma que buena parte de los empresarios claudicaron al verse abrumados por el secuestro y la extorsión.

Escobedo dice que la percepción sobre la inseguridad ha bajado desde 2009, pero las referencias sobre nuevos asesinatos y otros crímenes de alto impacto son diarias. A consecuencia del cierre masivo de negocios, la tasa de desempleo aumentó notablemente en la ciudad y ello tiene a su vez reflejo en manifestaciones delictivas, como el asalto, cuyo registro se elevó 80% entre 2007 y 2009, precisa.

“Este año no hay casos de empresarios secuestrados. Es algo que se ha logrado por una coordinación entre el Ejército, la Procuraduría del Estado y la PGR. La ola de llamadas para extorsionar casi está en ceros, también. No queremos decir con esto que las cosas están solucionadas, porque no podemos negar que muchas personas emigraron por esta razón. Sin embargo, creo que las cosas van mejorando poco a poco y algunos de los que se fueron comienzan a regresar”, afirma Escobedo.

Ese paulatino retorno es igual de imperceptible que el éxodo. Las zonas comerciales de enorme tradición en Tijuana, como la avenida Revolución, operan con una tercera parte de sus establecimientos en abandono. Si los propietarios de esos negocios forman parte de esta nueva casta de migrantes, es algo que tampoco puede especificarse.

“Es que se trata de un fenómeno muy nuevo, que involucra a personas que tienen recursos para conseguir una visa, o que ya son ciudadanos o residentes formales en los Estados Unidos. Pero al final, son empresarios huyendo por sus vidas, por miedo de vivir en México, porque es peligroso para ellos quedarse debido al secuestro, a la violencia”, explica Enrique Morones, quien es fundador de Ángeles de la Frontera, organización pro-migrante conocida por colocar agua por la ruta que siguen los indocumentados a través del desierto.

“Son gente poderosa, que tiene otro perfil al del migrante tradicional, que huye por otras cuestiones de sobrevivencia. A ellos no se les molesta, a ellos no los acosa la Patrulla Fronteriza. Dentro de poco, estos nuevos migrantes tendrán poder político, pero eso no quiere decir que apoyarán a los migrantes pobres. Ellos cuidarán de sus propios intereses. Eso puede entenderse perfectamente si nomás va y ve las zonas que comienzan a poblar”.

La nueva Tijuana

East Lake Terrace es un pequeño y discreto centro comercial recién construido al oriente de Chula Vista, sobre parcelas compradas al condado para sustentar la repentina explosión de su demografía. Desde el estacionamiento, al pie de una colina, pueden verse nuevas zonas residenciales, con casas de techos de teja cuyo valor sobrepasa con facilidad los 700 mil dólares. Comparten un parque enorme, llamado Winding Walk Park que está dotado con campo de beisbol, canchas de tenis y basquetbol. Tres niños juegan a la pelota mientras que al lado suyo una mujer trota con su perro.

“Es el sueño que persigue la clase pudiente de Tijuana”, dice Christian Ramírez, coordinador nacional del Comité de Servicio de los Amigos Americanos, una antigua organización pro-migrante con base en San Diego. “Es fácil sentir ese clima de tranquilidad”.

Las ondulantes calles que atraviesan el complejo se pierden hasta la Mesa de Otay, colindante con Tijuana. El silencio es roto por el traqueteo de martillos hidráulicos, que suenan como disparos. Decenas de albañiles mexicanos construyen viviendas que nunca podrán pagarse, pero que sus compatriotas adinerados adquieren al contado. Los residenciales y el centro comercial son la nueva base de los fugitivos del miedo, a tal grado que la zona se conoce como “La Nueva Tijuana”.

Chula Vista es la segunda ciudad del condado, después de San Diego. Siempre se le consideró una zona pobre, hasta la llegada de los ricos tijuaneses. Sus límites bordan casi hasta llegar a Tecate, y sigue creciendo.

“Todos los centros comerciales que ves ahí, los restaurantes, la mayoría son restaurantes de mexicanos o destinados para los mexicanos”, dice Ramírez. “Pero estos nuevos mexicanos, en contraste con los que habitan en el Barrio Logan, que son migrantes de Oaxaca o Guanajuato, no tienen los conflictos y roces que suelen tener los obreros con la Patrulla Fronteriza. Puedes ver perfectamente la confección de dos mundos diferentes: la de los mexicanos que escapan por situación económica, y la de los que vienen buscando no ser secuestrados”, explica.

A un costado de la puerta de entrada del restaurant Romesco, en la ciudad de Bonita, se muestran sobre una mesa los reconocimientos concedidos por la calidad de sus platillos. “Los propietarios de este restaurant tienen profundas raíces en el norte de Baja California, y eso se refleja en la fabulosa imaginativa y alta cocina mexicana y mediterránea que ellos sirven”, dice uno de ellos, otorgado en 2008, un año después de su inauguración.

La matriz en Tijuana es la legendaria Casa Plasencia, una de las firmas tradicionales de la cocina regional que, en medio rumores sobre secuestro y extorsión hacia sus propietarios, buscó expandirse al otro lado de la frontera.

“Es como ya han escuchado. Pero también quisimos aprovechar la oportunidad de hacer negocio en San Diego; de expandirnos por cuestiones de seguridad, de tranquilidad, de que la familia pudiera estar más a gusto, porque de alguna manera, cuando va uno [a Tijuana], pues sí hay [temor]   . Aunque ahora ya ha bajado bastante, está mucho más tranquilo el asunto”, dice Luis Peña, gerente general y parte de la familia Plasencia.

Peña es joven, de unos 35 años. Forma parte de una generación de nuevos empresarios que de pronto se volvieron blanco de criminales y policías corruptos. Muchos de sus amigos, dice, huyeron tras sufrir un atentado, o antes de volverse víctimas, y hoy residen en “La Nueva Tijuana”.

“Es una realidad a la que se enfrentan no sólo los dueños de restaurantes, sino de gasolineras; los empresarios y comerciantes en general. La gente está viniéndose hacia los Estados Unidos porque es un país más seguro, relativamente. Vives con cierta tranquilidad, sientes que tus hijos pueden salir al parque sin tanto problema”, dice sentado en la terraza del negocio, donde suena música tradicional italiana.

Sobre la misma avenida, hacia el oeste, otra franquicia tradicional abrió sus puertas hace dos años. Martín Angulo es uno de 12 hermanos propietarios de la cadena de restaurantes Los Arcos, cuya matriz se localiza en Sinaloa. Asegura que buscaron establecerse en San Diego porque la clientela radicada aquí dejó de cruzar la frontera. Angulo sigue viviendo en Tijuana, no se ha mudado con su familia por lo oneroso que ello significa, pero tanto él como sus hermanos dejaron de operar físicamente en las sucursales que tienen en el país por medio.

“Ya no es posible estar en los negocios, por las condiciones que vive el país”, explica Angulo. “Sabemos de empresarios, de amigos y conocidos que han huido por el miedo, que cierran temporalmente y se vienen a vivir a Estados Unidos y luego se regresan, porque no es fácil mantenerse aquí. Y no conozco a uno, son varios los casos que le digo”.

Lo dicho por el empresario es una historia que apenas comienza, señala David Fuentes, investigador sobre fenómenos migratorios de la Universidad Autónoma de Baja California. “Con lo que sucede a nivel nacional, las cosas tardarán en cambiar. En los noventa, como investigadores teníamos números exactos de la migración, sabíamos hasta cuántos vivían o dejaban de vivir por colonias. Pero este fenómeno es totalmente nuevo”, explica.

Fuentes cree, como Mario Escobedo, presidente local de la Canaco, que el crimen y la violencia han decrecido los últimos meses, y que poco a poco va desterrándose la idea general de sufrir un secuestro o caer víctima de extorsionadores. Mexicanos como María Flores, sin embargo, opinan distinto.